Posición de la Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar (ASMGyF) ante la Cobertura Universal de Salud (CUS)

 

La Asociación Santafesina de Medicina General y Familiar, miembro de la Federación Argentina de Medicina General (FAMG), es un colectivo de trabajadoras y trabajadores de la salud que nuclea desde hace tres décadas a médicos generales, enfermeros, odontólogos, psicólogos, trabajadores sociales y demás integrantes del equipo de salud del territorio provincial santafesino.

Desde aquel entonces venimos aportando con nuestro trabajo cotidiano a garantizar el derecho a la salud de todas y todos los santafesinos, pero además, contribuyendo a generar conciencia colectiva de que ello no es posible sin instituciones públicas de salud organizadas según la estrategia de Atención Primaria de la Salud; que no es posible sin un Estado presente que regule al conjunto del sistema, pero que además provea servicios universales, de calidad, accesibles, integrales, continuos, gratuitos, con criterios de equidad, prevención y promoción, a través de una extensa red de centros de salud, hospitales con disponibilidad creciente de tecnologías, servicios de soporte diagnostico y derivación/transporte y la producción publica de medicamentos.

Nuestro compromiso con lo anterior no se limita a que buena parte de nuestro trabajo profesional tiene lugar en el ámbito de la salud pública, sino también a una extensa e intensa militancia por la Salud Colectiva, reflejada ésta en la organización de cursos y capacitaciones para equipos de salud (virtuales y presenciales); en la organización de congresos  nacionales e internacionales y jornadas; en la participación orgánica en espacios interinstitucionales (colegios profesionales, universidades, etc.); con la participación en debates públicos; y en la elaboración de publicaciones científicas.

En coherencia con esta historia no podemos dejar de manifestar nuestra profunda preocupación por el proyecto sanitario del actual gobierno nacional: la Cobertura Universal de Salud (CUS). Puesta en vigencia por el Decreto 908 en agosto de 2016, el documento se constituye formalmente como soporte real de la  política de salud del gobierno nacional. El mismo explicita numerosas acciones supuestas que no se vendrían realizando en los servicios de salud y soslaya (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/260000-264999/264047/norma.htm) intencionalmente otros.  Entre los “olvidos” no se menciona la cobertura que brinda el subsector estatal de salud (denominado “publico”).  La referencia más aproximada a éste es a través de la frase “personas que carecen de una cobertura pactada”. Eufemismo mediante, entendemos que se trata de la población sin Obra social y/o “prepaga”, y que cotidianamente se atiende en la red pública de salud por una razón básica (no la única): es la histórica forma en que el Estado con sus diferentes jurisdicciones brinda cobertura.

¿Será que la CUS esconde la intención de transferir los recursos públicos a los actores del sector privado mediante la vía del aseguramiento? Las experiencias de países que siguieron éste modelo de cobertura nos deberían servir para desalentar avances en este sentido si el objetivo es garantizar el derecho a la salud. Es más, esto nos retrotrae a los profundos debates que tuvieron lugar en nuestro país en los años 90 y de los que fuimos parte, cuando también el avance de las políticas neoliberales contribuyó a imprimirle, donde encontró espacio y aliados, un sentido menos solidario y pro-mercado a la atención de la salud.

Nuestra preocupación cobra mayor densidad al observar lo que ocurre con el resto de las políticas del gobierno nacional y sus efectos en el entramado social: la neoliberalización de la economía y sus consecuencias en el empleo y la desocupación; la transferencia de recursos a los sectores más concentrados de la economía y la pauperización de las mayorías;  el retiro del Estado social y sus políticas de protección; la criminalización de la protesta social; etc. En fin, políticas todas que contribuyen al incremento de los padecimientos físicos y subjetivos de vastos sectores de la población, tanto en su dimensión colectiva como individual.

Es por ello que estamos en condiciones de afirmar que la propuesta CUS condiciona nuestro sistema de salud hacia un modelo de seguros privados, en los cuales a nivel estatal solo será posible garantizar una “canasta básica de prestaciones” reducida a las de bajo coste, dejando las de mayor coste (oncológicas o trasplante, entre otros) en manos del mercado. Esto significa:  aquellas personas sin obra social solo podrán obtener en el estado un listado de prácticas mínimas y al requerir las que se sitúen por fuera, deberán obtenerlas comprándolas en el mercado, endeudándose en condiciones de enfermedad  o mediante la judicialización como tal ya sucede en países como Colombia. El sistema de obras sociales nacionales y prepagas también se verá afectado por la disminución de prácticas garantizadas por el actual Programa Médico Obligatorio (PMO) generándose el mismo mecanismo de obtención en el mercado, judicialización, etc. Posteriormente lo mismo ha de suceder con las obras sociales provinciales donde en función de la “disciplina fiscal” ya planteada por el gobierno nacional a las provincias, aplicaran recortes importantes de presupuestos y asignaciones al gasto social provincial donde se encuentran estas obras sociales. Se hace además necesario considerar que el estado nacional genera con esta iniciativa una fenomenal transferencia de fondos públicos destinados a la  salud estatal hacia el  sector privado para que posteriormente este sector “provea de determinadas prácticas” a las que los estados (provinciales, municipales, etc) deben correrse como prestadores y garantistas.

Dado la primordial característica  de “silenciosa” de este tipo de reformas creemos necesario estar alertas y defender el principal derecho humano: el cual es el derecho a la salud que las lógicas neoliberales pretenden avasallar y transformar en mercancía obtenible en una góndola de un supermercado.

La construcción e historia sanitaria de nuestra provincia, tanto en el ámbito provincial como en la mayoría de los municipios, de la que nos sentimos parte, pues a ella contribuimos con nuestro trabajo habitual, nos muestra que es posible un sistema público de salud, universal, gratuito, accesible, integral y es por ello que manifestamos nuestra oposición a cualquier proyecto privatista encubierto de la salud de las y los Argentinos y convocamos a otros actores del campo sanitario a la defensa de la Salud Colectiva.

 

Santa Fe, noviembre de 2017

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